ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

¿32 comisionados?

Mayo 2014

El 15 de enero del presente año se daba a conocer que el Presidente de México, Enrique Peña, nombraba a un “comisionado” para velar por “la seguridad y el desarrollo del estado de Michoacán”. En principio el gobernador de dicha entidad pasaba a ser una especie de figura decorativa, ya que sus funciones sustantivas las detentaba ahora un “comisionado”.

Para el Gobierno federal los frentes eran diversos: la delincuencia bastante bien organizada y pertrechada, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, las autodefensas, y la sociedad en papel de rehén de todos,  buena parte de ésta, cómplice también de todos de grado o por fuerza. A meses de dicho nombramiento acompañado de una ofensiva federal y militar imponente la percepción social de muchos michoacanos acabó siendo que el ejército apoyaba a las autoridades establecidas fueran o no “templarias”, mientras que la Policía federal apoyaba a los autodefensas, reales o infiltrados, en pocas palabras, la confusión total. El enfoque inicial se centraba en la tierra caliente, aunque a esas alturas ya lo fuera todo el estado, pero nunca se ha sabido con claridad si esta intervención comisionada se debió al temor de que las autodefensas dieran golpe de estado al gobierno establecido del modo que fuera, o a una genuina preocupación por restablecer el orden. Los resultados de los últimos días abonarían a la primera hipótesis, ya que el desarme de las autodefensas no está significando, necesariamente, el desmantelamiento de los cárteles. Como dijera un poblador de aquellos lares, cuando los federales llegan los delincuentes se diluyen, y en cuanto se van, reaparecen; la razón es muy simple: por muchos años se han acostumbrado a obtener cuantiosas ganancias por el imperio de un orden distinto al oficial.

Pero la intervención de Michoacán fue como el “big bang” de la delincuencia, la viven y padecen cada vez con mayor intensidad los estados de México, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas. Nuevo León y Chihuahua no acaban de apagarse y en Jalisco ya se están perdiendo las formas, situación que podría exhibir la verdadera situación de Nayarit y Zacatecas. Desde luego la información no la dan los medios de comunicación, sino los vecinos, la gente que vive secuestrada en el sur y norte de Jalisco o en los pueblos de Zacatecas, donde día tras día se repite el mismo esquema de penetración de las mafias ante la impotencia real de las autoridades locales o su connivencia.

A mitad del periodo gubernamental pasado era de todos sabido que los “zetas” tenían sus campos de entrenamiento arriba de San Cristóbal de la Barranca, que San Sebastián del Oeste estaba controlado por ellos, que a Jilotlán de los Dolores con trabajo podían entrar los propios vecinos, que nuestro estado estaba pues en manos de la “nueva generación” por un lado y de los zetas por el otro, y que tal vez el Gobierno jalisciense seguía la lógica de Michoacán “dejar hacer y dejar pasar” en la medida que eso contribuyera a los procesos electorales, y los cárteles se mantuvieran equilibrados unos con otros. Si esa era la lógica, fue funesta, fracasó, ¿a qué nos estamos ateniendo?