ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Confundir para desinformar

30 de mayo de 2010

Todavía hace algunos años tanto en las universidades como en los propios organismos dedicados a la comunicación, se desarrollaban debates, cursos y talleres acerca del valor de la ética en los medios de comunicación. Hoy día se tiene la impresión de que ese tipo de planteamientos ha quedado sepultado, toda vez que los principios éticos son vistos más como una camisa de fuerza, que como un compromiso de honestidad con la ciudadanía.

 

En un Estado de Derecho, la buena fama de personas e instituciones forma parte de las garantías ciudadanas. Los pleitos, polémicas, disensiones, y aún denuncias no deberían ser objeto de publicidad por parte de los medios de comunicación, sí en cambio las sentencias, pues por lo menos, idealmente, se dictan con el aval de las leyes y de las instituciones judiciales, luego de dar seguimiento a los procesos respectivos; darlas a conocer constituye entonces un deber y un derecho que informa y previene a la comunidad. Por el contrario, publicitar los pleitos cuando apenas se inician los procesos debería constituir en sí mismo un delito, dado el costo que ese solo hecho ya tiene para quienes son objeto de tal difamación, y máxime considerando que muchos medios de comunicación se esfuerzan más en divulgar las denuncias que en dar a conocer la sentencia final de los procesos.

 

Un ejemplo de lo más actual y pertinente es la averiguación en curso sobre la compra de predios en la zona de la Alameda, sitio frustrado de la Villa Panamericana. Toda la ciudad fue testigo de que se adquirirían a un precio superior al que tenían para estimular a los propietarios, sin que ninguna instancia, persona o grupo expusiera objeción a la medida. Ahora que la actual administración municipal investiga el estatus de la cuestión se da una información confusa que solamente desinforma y siembra sospechas indebidas sobre el honor de personas y grupos gracias a la enorme publicidad que le dan los medios al tema sin hacer las debidas advertencias, a excepción de algunos, de que se trata de una averiguación en curso, de que no es posible todavía fincar responsabilidades y mucho menos señalar culpables.

 

No es sano para nadie convertir los medios de comunicación en el magnavoz de lavaderos y verdulerías, no tienen derecho a lesionar así la fama de las personas y de sus familias. Pareciera que por lo menos algunos reporteros y periodistas, si no es que los mismos organismos a los que representan, ante la falta de noticias relevantes y el mucho tiempo de que disponen, se dedican al desleal deporte de arrojar por todas partes el lodo y la basura que por aquí y por allá producen individuos e instituciones en sus consabidos pleitos, mismos que al parecer tampoco tienen otro que hacer de mayor trascendencia para una ciudad con tantas otras urgentes necesidades.