ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

De Oaxaca a Veracruz

27 de junio de 2010

Desde hace ya algunos sexenios la vida política mexicana se desarrolla en dos periodos sucesivos: campaña y gobierno. Su común denominador es la lucha por el poder que se quiere tener o por el poder que no se quiere perder. Dado que la plataforma social en que se desarrollan estos escenarios se ha vuelto seriamente pantanosa, todas las instituciones e instancias sociales se ladean y aún se hunden en este océano viscoso de lodo y suciedad.

 

Esta fractura del piso ético y jurídico del país, provocada en parte por los mismos contendientes, explica las características de ambos periodos. La turbulencia se convierte en la atmósfera habitual dentro y fuera de los partidos, en las relaciones entre partidos y sociedad, entre partidos y partidos, entre partidos y gobierno. Si se está en campaña la agitación del clima político se vuelve brutal, si se está en gobierno, el socavamiento, el sabotaje, la crítica perniciosa y la parálisis administrativa acaban siendo los recursos habituales. Nadie en este país da tregua ni respiro, nadie en el mundo político va a otorgar la oportunidad franca y leal para que el gobierno en turno muestre y demuestre sus posibilidades en lo que realmente importa: la administración pública.

 

Ya persuadidos de que el fin justifica los medios, se despliega ante la ciudadanía una impresionante gama de recursos que no pocas veces, en nuestra historia reciente, ha incluido el asesinato. Ciertamente han sido casos extremos; no es políticamente útil hacerlo, resulta de mucha mayor importancia la eliminación en vida, sirviéndose, por ejemplo, de esos “chismecillos” de la vida privada a los que hizo alusión el gobernador de Coahuila, interrogado a propósito del escándalo por denuncias de espionaje telefónico en los escenarios electorales de Oaxaca y Veracruz.

 

Que un megalómano, que un psicópata, que un ser enfermizo piense que su vida se reduce a nada si no logra el poder o si lo pierde es ya de por sí una tremenda amenaza a la salud del Estado y de la sociedad, pues se trata de criminales en potencia que pueden dañar a quién sea con tal de lograr su objetivo, pero que esta misma tendencia, actitud o patología se institucionalice aplastando el estado de derecho y por lo mismo los derechos humanos y jurídicos de individuos y sociedades, resulta verdaderamente catastrófico. El espionaje telefónico, la incursión en la vida privada de la gente, la manipulación de evidencias, la difamación disfrazada o explícita, la calumnia bien orquestada, el andamiaje en que se montan intrigas, la corrupción a que se somete a las personas involucradas en estos procesos, el chantaje, la amenaza o la mordaza, que se observan justamente en los niveles más altos de la vida pública mexicana, pueden volverse un modelo de actuación para toda la sociedad. Las instituciones corruptas, corrompen.