ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Doble Estado, doble tributación

19 de julio de 2009

Hace algunos meses se publicó en una revista de circulación nacional un interesante artículo sobre lo que podríamos llamar doble tributación en un doble estado de hecho, fenómeno que se ha venido dando en algunas regiones de Colombia.

 

La explicación es sencilla: frente a un estado de derecho, se impuso por la fuerza de las armas y la psicosis colectiva que provocan, una poderosa estructura delincuencial que ya afirmada en el poder dictó su propio código de conducta a toda la sociedad, y, lo que es más asombroso, lo ha hecho cumplir con absoluta eficacia. Este otro estado de carácter abiertamente delincuencial se convirtió en el protector de toda actividad, lícita e ilícita, y ejecutor de toda sanción de acuerdo al código establecido. Por ejemplo, todo delincuente que asesine, será asesinado, y en efecto, son ejecutados en automático, revelando la extraordinaria red de informantes en que basan sus acciones.

 

Hechos como éste generan perplejidad en la sociedad, pues cuando, ante un delito de cualquier naturaleza, se acude a las instancias oficiales para su esclarecimiento y penalización, la respuesta se hace esperar, o “simplemente no hay delito que perseguir”. Desde luego, los ciudadanos deben tributar lo mismo al poder de derecho que al poder de hecho, pues uno y otro impone precio a sus servicios, con la diferencia de que en asuntos que miran a la seguridad pública, la estructura delincuencial se muestra más efectiva, ya que responde a la violencia con violencia, de manera directa e inmediata, sin ningún respeto por los derechos humanos y ni se detiene ante minuciosas consideraciones legales de forma o de fondo. Esto es ni más ni menos la esencia de la “colombianización”.

 

Hubo un tiempo en que los mismos estados de derecho actuaron en ese sentido a la hora de combatir el crimen y la inseguridad, etapa superada por la evolución del espíritu democrático de la comunidad y por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que fueron surgiendo; lamentablemente la ineptitud estandarizada, el terrible peso de la burocratización y el más nocivo impacto de la corrupción están reduciendo el ejercicio de la justicia a un juego perverso donde la ganancia económica es el factor clave, situación que se convierte en una gran oportunidad para las nuevas organizaciones de la mafia mexicana, al parecer muy interesadas en fortalecer también en nuestro país un doble estado con una doble tributación; de por sí son ya muchas las personas físicas y morales que tributan o han sido conminadas a hacerlo para obtener protección, ante la ineficacia del estado de derecho, como también son ya muchas las personas y familias que han debido emigrar del país para escapar tanto al chantaje del crimen organizado como a la ineptitud de las autoridades, casos especialmente agravados en los estados de Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, y la mancha sigue creciendo. Muy probablemente la raíz de todo esto se halle muy adentro de una idiosincrasia social que acabó legitimando, desde hace mucho tiempo, el ejercicio cotidiano de la corrupción.