ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Ecos de Guerrero

19 de octubre de 2014

El 5 de octubre del año 2011 el Gobierno federal anunció el programa “Guerrero seguro”, a implementarse en un plazo de varios meses de acuerdo a las etapas consideradas. Un año antes, el 2 de diciembre, se había conocido la noticia del secuestro de 22 turistas procedentes de Michoacán, noticia que finalmente se fue diluyendo con el tiempo y confundiendo con la más diversa serie de versiones. Que no eran turistas. Que eran braseros. Que eran la avanzada del cártel michoacano en boga por esos años. Que las indagaciones iban muy avanzadas. Que ya se había identificado a varios sospechosos. Finalmente el asunto pasó al olvido.

 

El 11 de septiembre de 2012, el Gobierno federal analizaba los resultados de su programa, ya que el 26 de agosto anterior habían sido regados 11 cadáveres en la autopista, y el 10 de septiembre se habían hallado otros 16 dentro de una camioneta. Lo único seguro en Guerrero era que seguía siendo inseguro.

 

Con motivo de la reforma educativa, buena parte del magisterio del Estado de Guerrero realizó manifestaciones vandálicas lanzando consignas amenazadoras cargadas de violencia. A numerosas personas les quedaba claro que era mejor tener a los maestros en huelga que dando “clases”.

 

La participación de la escuela Normal de Ayotzinapa en incontables manifestaciones tanto por motivos escolares como políticos es ya una tradición, desde los tiempos de Lucio Cabañas y la ocupación del inmueble por el Ejército mexicano en 1975. En el año 2007 estas protestas habían producido 230 estudiantes heridos, 30 detenidos y 2 desaparecidos. Las turbulencias en diciembre de 2011 tuvieron por primera vez un saldo fatal, dos asesinatos.

 

Fieles a sus hábitos, en el pasado mes de septiembre los estudiantes secuestraron camiones para trasladarse a nuevas manifestaciones cuyo saldo conmueve ahora a toda la nación. Desde luego la conmoción es justa, pero no por ello menos paradójica, pareciera que en este país el valor y dignidad de los seres humanos depende de que sean o no normalistas, de ahí que el Gobierno exhuma-cadáveres se dé el lujo de descartar uno tras otro si no cumple con el requisito publicitario de haber sido normalista.

 

Estos cadáveres no generan protestas nacionales ni paros estudiantiles, son de desconocidos, lo mismo da volverlos a tirar. Al propio Gobierno no parece avergonzarle el hecho terrible de dar, finalmente, con tantas sepulturas clandestinas, y declarar muy ufano, que afortunadamente no son de los normalistas desparecidos.

 

A los ex gobernadores Rubén Figueroa, Alejandro Cervantes, J. Francisco Ruiz Massieu, René Juárez, y Zeferino Torreblanca, ni quién les pida cuentas, todos están de alguna u otra forma finados. Pero Ángel Aguirre ya había gobernado como interino de 1996 a 1999.

 

Los hechos que a lo largo de 45 años han afectado el Estado de Guerrero hablan de una violencia endémica en buena parte explicable porque en Guerrero el hambre, el fracaso educativo y la corrupción han sido permanentes. Hablar entonces de desaparecer los poderes en ese Estado resulta de genuino humor negro, ¿cuáles poderes buscan desaparecer si hace tiempo que de hecho desaparecieron?