ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

El fin de la paz

18 de julio de 2010

Nadie quisiera encontrarse con la noticia de que su auto fue dañado por una camioneta en huída, o de que su casa recibió impactos de balas disparadas en arrebato, donde la fortuna tiene la última palabra para herir, matar o respetar vidas inocentes, sea que las personas se hallen en su domicilio, caminen por la calle, hagan compras en un centro comercial, coman en algún restaurante, o lo peor, se hallen recluidas en un hospital donde esperaban recuperar la salud. Estar en casa o salir de ella con la posibilidad cada vez más próxima de sufrir un percance de esta naturaleza no solamente daña la calidad de vida, sino que la puede paralizar.

 

No puede negarse el trabajo heroico de innumerables agentes de los diversos niveles de seguridad pública, y en particular del trabajo de inteligencia que se ha venido desarrollando con notable éxito, sobre todo considerando el poco salario que reciben estas personas a cambio de arriesgar su vida todos los días. No obstante es claro que un problema tan grave y creciente como es el de la inseguridad no puede quedar solamente en manos de las instituciones, es un tema que compromete a toda la ciudadanía.

 

Nuestra primera obligación es darnos cuenta de que el paraíso tapatío en que según la realidad oficial vivíamos, hace tiempo que comenzó a despedazarse. Que las causas de este desmoronamiento son múltiples, destacándose el riesgo de la complicidad social.

 

Si como se afirma el narcotráfico constituye una compleja cadena de beneficiarios, también lo es la delincuencia en general, pues todos sus integrantes forman parte de una cadena de vinculaciones sociales, donde individuos y familias, vecinos y amigos saben, pero se callan por interés, por miedo a las evidentes represalias, o por una mal entendida solidaridad. Nuestra segunda obligación es romper esta complicidad justamente ahora que todavía no se adueña de todo el tejido social.

 

Esta vinculación se lleva también a otros estados del país y aún del extranjero, sobre todo si consideramos que el tráfico de armas no es ya un fenómeno aislado y minoritario, se trata de verdaderos arsenales que cruzan de manera impune la frontera presumiéndose por lo mismo una compleja actividad de sabotaje a las instituciones y a la misma sociedad mexicana perpetrada por sabrá Dios quiénes. Es obligación de la ciudadanía exigir a las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, que intervengan en esas esferas que superan los alcances de los particulares, y lo hagan ya.

 

Y mientras la convivencia social se deteriora los señores diputados se toman fotos junto a sus onerosas camionetas, rodeados de sus gavillas, o se entretienen en romper “charolas” en lugar de sus abultados cheques, ajenos a la realidad acuciante que vive la ciudad y el Estado, y ajenos al perfil que debieran tener quienes desempeñan tales cargos.