ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

El valor de la ley

6 de noviembre de 2011

Los hombres primitivos carecían de palabra. También los hombres corruptos. La diferencia entre unos y otros es que los primeros vivían en un estado de evolución precario, donde la satisfacción de las necesidades más elementales ocupaba el primer sitio, y a esa satisfacción debían sacrificar todo principio, toda vez que el universo entero parecía conjurarse contra ellos.

El caso de los hombres corruptos es otra cosa. No es que les falten principios, sino que más bien se rigen a partir de principios “alternos” que subvierten el orden establecido y hacen inútil el empeño de las leyes, las normas, los acuerdos y los compromisos que explícitamente establecen las comunidades humanas para garantizar relaciones equitativas en condiciones equitativas. Cuando el bien personal se pone por encima del bien común, los propios intereses por encima de los intereses públicos, la corrupción tiene abierto el camino.

México es un país donde la inmadurez de la conciencia social frente al valor de las leyes, permite a ciudadanos e instituciones, romperlas sin el menor escrúpulo y al conjuro de la más burda seducción. Esta situación genera cadenas de complicidad y de “realismo”, expresadas en frases torpes usadas hasta el cansancio: es que todos lo hacen, es que así funcionamos, es que no hay otra forma, es que si lo hacen los de arriba, por qué nosotros no. Traicionar la ley y traicionar la palabra acaban siendo acciones habituales, permitidas y consentidas por todos, ya que todos en cualquier momento pueden requerir de hacer lo mismo.

Cuando Porfirio Díaz decidió traicionar su lema de la “no reelección” buscó la forma de no ser él quien quisiera cometer semejante subversión: fue la sociedad impactada por su excelente ejercicio, fueron los funcionarios públicos favorecidos por el señor Presidente, y enseguida los Congresos estatales, justo quienes deberían ser garantes de la legalidad, del respeto a la ley sin excepciones, así se tratara de excepcionales personas. Telegramas, cartas abiertas, espaldarazos públicos, toda una maquinaria al servicio de la corrupción de la ley, llevada a cabo hasta por personajes destacados por su capacidad intelectual y una supuesta honorabilidad.

Por desgracia seguimos empantanados en este tipo de actitudes mentales, y sobre todo de intereses personales que nos hacen pagar servicios recibidos o esperados a costa de la institucionalidad lo mismo del Gobierno que de cualquier otro tipo de organización social regida por normas fijas, pero invariablemente “manejables”.

Un país donde todas las leyes pueden tener excepciones en su aplicación es un país de privilegios y, por tanto, de desigualdades, pero, precisamente porque este tipo de cosas se hacen a pesar de que la ley excluye esta posibilidad, el país se convierte en un país corrupto, que explica calles mal pavimentadas pero bien cobradas y por lo mismo repavimentadas, o flamantes Villas Panamericanas oficialmente sujetas a una normatividad “manejable”, o dirigentes reelegibles al infinito cualquiera sea la artimaña.