ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Elecciones 2013

21 de julio de 2013

El pasado proceso electoral vivido en 14 estados del país constituye una poderosa señal de alarma para ciudadanos e instituciones no solamente por la violencia desatada que se vivió en no pocas regiones de la nación, sino por la irrefrenable marea de la delincuencia organizada que se ha lanzado con todo a la conquista de nuevos territorios, no sólo físicos, sino ahora institucionales.

 

Hipotéticamente podemos pensar que en algunas partes, algunos gobiernos cedieron el control de espacios a grupos delictivos que mayores intereses tienen en éstos, sea por la producción que por el tráfico de enervantes; que buena parte de la población civil, ya desde antes involucrada en este tipo de agricultura, acepta el estado de las cosas y prefiere ser protegida en su actividad por grupos bien organizados, con alta tecnología y armas sofisticadas, que estar a merced de las fuerzas oficiales o de los grupos antagónicos.

 

Estos nuevos poderes fácticos que se han ido enseñoreando de territorios adecuados para el cultivo y de muy difícil acceso, han advertido que las cosas funcionan mejor si están en sus manos alcaldes y policías; ya no se trata de pagar los gastos electorales y dar compensaciones salariales a sujetos propuestos por los partidos y eventualmente elegidos por el voto popular, sino situar a su propia gente en el Gobierno y sustituir las policías municipales por sus propias fuerzas, con mucho muy superiores en salario, armamento, preparación e impunidad. Esta medida evita el desgate y distracción que supone para ellos enfrentar de tiempo en tiempo autoridades poco dispuestas a colaborar, o desleales en sus tratos; evita igualmente estar chocando con pobres ciudadanos en hábito de policía, que no son adversarios dignos y cuya eliminación genera desgaste para la delincuencia organizada, y mayor rechazo por parte de la sociedad.

 

A candidatos incómodos se les ha venido persuadiendo para que renuncien a su candidatura, y lo hacen con argumentos graduales. En efecto, lo más sencillo es ofrecer sumas de dinero difícilmente renunciables; también pueden secuestrarles un pariente muy cercano y devolvérselos en pedacitos; si ni así se logra el objetivo, asesinan al candidato, y hay que ver a la fecha cuántos candidatos, aún a gobernador, han sido ejecutados en México, lo mismo que alcaldes en funciones, regidores, jefes de seguridad e infinidad de policías; probablemente no todos a manos de los cárteles, pero sí buen número.

 

El problema es que la delincuencia organizada no se ha contentado con el control de territorios aún desde la institucionalidad, sino que apareja de inmediato la imposición de “impuestos” al resto de la ciudadanía. Que al propietario de una tienda de abarrotes, de una refaccionaria o de cualquier negocio le llegue un sobre con la lista de todos sus familiares, nombres, domicilios, ocupación, hasta con las fotos correspondientes, y la consecuente exigencia de pagar una cuota mensual para garantizar que no les va a pasar nada es algo que ocurre hoy a mucha gente en casi toda la república.

 

La ciudadanía consciente de esta problemática quisiera tener una información clara y precisa por parte de los gobiernos estatales y del mismo Gobierno federal, y no solamente discursos ilusorios en que se afirma todo lo contrario a lo que la gente concreta está padeciendo; cuál es la postura real de la autoridad, cuál es la estrategia específica, de qué tamaño es el problema que enfrentamos; no queremos gobiernos “superman”, porque en primer lugar no los hay, queremos información concisa y desde luego, involucramiento en la búsqueda de soluciones reales, que van más allá de la captura de capos de inmediato relevados por otros iguales o peores.