ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

La carga impositaria

10 de enero de 2010

Los impuestos que paga la ciudadanía están orientados a dos fines fundamentales: pago de servicios públicos y pago de quienes administran dichos servicios.

 

Ciertamente un alto porcentaje de los servicios públicos son deficientes por la sencilla razón de que no somos una sociedad millonaria que pueda con sus impuestos, consecuentemente abundantes, tener los mejores pavimentos, el mejor alumbrado público, el más eficiente sistema de recolección de basura, la más moderna y eficaz estructura de seguridad, etcétera. Por el contrario somos una comunidad donde los muy ricos son muy pocos, es crecida la clase media y mucho más abundante la gente pobre. Los salarios de pobre pagan impuestos de pobre, pero todo sumado se logra una cierta medianía; desde luego quienes se ven favorecidos económicamente pagan dos veces los servicios, pues además de pagar impuestos, sostienen servicios privados de pavimentación, alumbrado, jardinería, educación y seguridad, entre otros, contribuyendo a dar una impresión menos deprimente del conjunto urbano.

 

Lo que en cambio sí llama poderosamente la atención es que siendo una sociedad de medianías económicas, debamos pagar a los administradores de los servicios públicos salarios millonarios, desde luego, a los altos administradores que estacionan, sin pagar por ello, sus lujosas camionetas del año en la calle de Belén, entre Hidalgo e Independencia, a los potentados de los tribunales del Poder Judicial y a los que detentan el Poder Ejecutivo, con toda la pléyade de asesores puestos a su servicio.

 

Nadie podría negar que la mayoría de estos funcionarios tienen derecho, legalmente, a percibir los salarios que reciben, máxime que son ellos mismos los que hacen las leyes según las cuales se les ha de pagar, pero sorprende la inercia social que lo permite; que a nuestros funcionarios les parezca correcto enriquecerse en tres o seis años, más los que se junten por esa inveterada costumbre de chapulinear que tienen, no sorprende, pues “a nadie le dan pan que llore”, pero la ciudadanía tendría que tomar cartas en el asunto y hacerlo con auténtica seriedad. Para ello se requiere educación democrática, animación para la participación ciudadana, conciencia clara de los propios deberes y derechos, decisión de actuar sostenidamente para el logro de objetivos. Sabemos que esta educación no la van a ofrecer quienes se benefician de la inercia social, hasta ahora nunca lo han hecho, deberá ser la misma sociedad la que se organice y busque los caminos adecuados para superar esta inequitativa realidad.

 

Entre tanto esperamos que el general aumento de impuestos no tenga por objetivo el poder seguir pagando la crecida burocracia nacional, y sí se oriente a la mejora urgente de los servicios públicos a los que toda la ciudadanía tiene derecho, sobre todo, quienes se hallan en situaciones de mayor limitación económica, pues es en esas familias y en sus colonias donde se concentran todos los males que aquejan a la sociedad y que un día tras otro, brincan y acaban afectando a todos por igual, así vivan en los cotos más seguros y exclusivos.