ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

La delincuencia como sistema

19 de enero de 2014

“Un sistema es un conjunto de partes organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo”. La sociedad de un país es un macrosistema que da sinergia y homogeneidad a todo un conjunto de subsistemas ordenándolos para el logro de objetivos tanto generales como particulares, de tal manera que éstos no afecten la consecución de aquellos ni viceversa. Toda acción y relación que atente contra el sistema en su conjunto o en sus partes constituye una desviación que puede lesionarlo de manera ocasional o definitiva.

 

En el momento en que los actos delictivos aislados y, en cierta medida, naturales a una organización social se vuelven sistema, tenemos un problema de delincuencia organizada. Pero cuando la delincuencia organizada comienza a establecer relaciones e interactuación con otros subsistemas o incluso con el macrosistema social, enfrentamos una genuina subversión de los sistemas muy difícilmente abatible.

 

Las organizaciones sociales urbanas y rurales se construyen con base a múltiples intercambios, respaldados por las instituciones políticas y sus estructuras legislativas y judiciales, fundamentando su credibilidad en estructuras morales determinadas que avalan las reglas del juego. El sistema delincuencial en la medida que se fortalece puede sustituir las instituciones dadas y modificar la plataforma ética que avale un nuevo régimen de confianza, a través de una interactuación más eficiente, de resultados inmediatos y beneficios compartidos. Este fenómeno lo hemos observado en Tamaulipas, Nuevo León, y desde luego en Michoacán, donde la población civil oscila entre el sistema formal de Estado y el sistema avalado por la delincuencia y que no necesariamente es visto como perjudicial, aún si lo sea a mediano plazo.

 

Esto puede explicar la incógnita en torno a los grupos de autodefensa y el hecho mismo de que estos grupos se constituyan en un tercer subsistema alternativo, al cual, eventualmente, también hay que pagar o defenderse. El caso de Michoacán es una paradoja: Desde hace sexenios el sistema establecido favoreció de alguna manera el fortalecimiento de un subsistema que con el tiempo se volvió en contra de su bienhechor hasta intentar sustituirlo; el abuso de poder por parte de esta nueva organización comenzó a fracturar la interactuación lograda con las comunidades, provocando el surgimiento de un nuevo cártel primero salvador y luego igualmente extorsionador, finalmente surgen las “autodefensas”, en las cuales el sistema de origen pudo ver una posibilidad de neutralización que se ha ido desbordando, en tanto la población civil quedó atrapada, si bien previamente había sido más bien seducida. A un paso de que las autodefensas triunfaran, así lo decían, intervino la federación.

 

Si la hipótesis fuese real habría que pensar que el Gobierno en ese y otros estados o fue inicialmente cómplice o criminalmente irresponsable, pues permitió o ignoró la serie de fenómenos que se estaban dando. Pensar que podía obtener un jugoso beneficio económico desde las actividades delincuenciales, originalmente relacionadas con el narcotráfico, ante el escenario de un país quebrado por las torpezas de los presidentes Echeverría y López Portillo, no era ético, pero además, demostraba su falta de talento para mantener bajo control los demonios que desataban, y que ahora son tan difíciles de reducir. Igual juicio merecerían los partidos que vieron en la protección de sistemas delincuenciales una mina electoral. En cuanto a la sociedad, las responsabilidades aunque diversas acaban siendo compartidas, de alguna manera todos somos parte del problema, como lo somos también de la solución.