ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

La reforma energética

18 de agosto de 2013

La producción de energía, combustible imprescindible de la actual civilización, tiene en México extraordinarias posibilidades e increíbles limitaciones de carácter ideológico, burocrático, tecnológico, financiero, laboral, pero sobre todo, político.

 

La actual reforma ha girado en torno a dos temas explícitos: productividad-rentabilidad, propiedad-soberanía, en cuyo trasfondo se debaten los medios para obtener lo primero y mantener lo segundo, es decir, los temas relativos a inversión, exploración, explotación, distribución, administración, libre mercado, nacionalismo, carga histórica, etcétera. Poco o nada se ha mencionado acerca de reformar los fines a los cuales debe aplicarse la utilidad que generan y acaso, generarán, estas reformas; más ganancia, dicen, pero no revelan para quienes; modificar este estado de cosas nos llevaría a una radical reforma política.

 

Antes de la llamada revolución mexicana, nuestro país era territorio de haciendas, emporios económicos en manos de unas cuantas familias que obtenían enormes ganancias gracias a la explotación del campesinado, ganancias que en principio solamente beneficiaban a los propietarios, toda vez que la clase trabajadora lejos de progresar, se hacía cada vez más pobre. Esto ocurría gracias a que el Gobierno mexicano cumplía con la función unilateral de proteger al hacendado ignorando al trabajador, acción de la cual obtenía tanto la permanencia en el poder como la correspondiente ganancia.

 

Hoy día todo el país semeja una hacienda cuya permanente riqueza es ampliamente explotada no por algunas familias, sino por los partidos políticos en el Gobierno, a expensas, desde luego, del empobrecimiento social y de la colaboración, unilateral, de algunos grandes empresarios con su correspondiente ganancia.

 

Por lo mismo, todas las bondades de ésta o de cualquier otra reforma energética corren el peligro de no beneficiar sino a quienes la promueven, toda vez que desde la revolución para acá, los partidos se han apropiado de la riqueza nacional y la manejan en orden a su subsistencia: pago de la nómina en buena medida abultada por la contratación de todos los amigos, parientes, y colaboradores de campaña, pago de salarios exorbitantes y privilegios sin fin de los medios y altos mandos, y de los institutos creados para vigilarlos; mantenimiento de sindicatos, y en especial, de líderes sindicales, y desde luego el hecho de que la misma sociedad deba pagar a los partidos sumas multimillonarias para que sigan haciendo de la política una inagotable bolsa de trabajo. Por lo mismo, cuando se trata de invertir en obra pública, piden prestado poniendo por aval, otra vez, a la riqueza nacional que no es solamente la natural, sino también la que produce el trabajo de todos los ciudadanos.

 

Ninguna reforma puede producir los beneficios que se alegan si no va precedida por una reforma política de alcances radicales. Ya pueden desgarrarse los partidos discutiendo si el petróleo es o no es de los mexicanos, lo mismo que la electricidad o el gas, a fin de cuentas los mexicanos siguen trabajando sin experimentar jamás los beneficios de su supuesta riqueza nacional, ya que el petróleo no nos ha servido ni siquiera para tener pavimentos durables, ya que ponerlos endebles ha sido otra fuente de anuales extorciones al erario. Necesitamos un supervisor dotado con todos los poderes adecuados para poner fin a la impunidad y al despilfarro de la riqueza nacional en beneficio de unos cuantos, algo así como un Poder Ejecutivo que realmente lo sea.