ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

La ¿reforma? fiscal

22 de septiembre de 2013

Indiscutiblemente la reforma fiscal que presenta el Gobierno federal busca responder a los postulados de un sistema económico en el que el país gravita por lo menos desde 1994, sistema y gravitación que sin embargo no están siendo adecuadamente evaluados. Nuestro Gobierno da por hecho que no hay mejor sistema que éste, y lo asume con mayor disciplina y rigidez que la empleada por sus propios autores, si bien se busca ofrecer algunos paliativos a los elevados costos sociales que dicho sistema genera, hablo del sistema económico neo-liberal.

 

No obstante, las soluciones paliativas que ofrece no disminuyen sino incrementan aún más el costo del sistema en la medida que, en absoluta fidelidad a la economía neoliberal, se presiona en contra de las prestaciones sociales de quienes sí trabajan, para asegurar la recaudación y, desde luego, aligerar la carga de los patrones. Que en contraparte se hable de seguro universal, seguro de desempleo y apoyo a la vejez como formas de redistribución de la riqueza, más parece mercadotecnia de la reforma que compromiso inteligente y solidario.

 

El desempleo en México, por ejemplo, es un asunto que requiere de mayor análisis, en nuestro país muchos están desempleados por la sencilla razón de que no desean trabajar, otros perdieron su empleo porque fueron ineptos, deshonestos o irresponsables, ahora el Gobierno se dispone a darles un apoyo económico que, en principio, no garantiza la transformación de dichas actitudes, sino que las perpetua.

 

La reforma fiscal actúa de manera congruente porque no nace de una revisión global del sistema económico, por lo mismo no se orienta al mejoramiento de la productividad laboral, lo que incluiría una visión sistémica de gobierno donde tendrían que incluirse todos los campos de la función pública, comenzando por la educación escolar y la cívica, ordenadas a la generación de una sociedad altamente laboriosa, productiva, cualificada, responsable y honesta.

 

Aspecto para nada secundario es el referente al uso de los recursos. El pago de impuestos ha sido una responsabilidad histórica de todas las organizaciones sociales, pero exige por lo menos dos cosas: que todo mundo contribuya de forma equitativa, y que el uso de los recursos se desarrolle de acuerdo a la decisión de los contribuyentes, cuestiones que para nada parece tratar la actual propuesta de reforma fiscal.

 

Por lo contrario se sigue hablando de un 60% de gente que vive en la economía informal, que no le va nada mal, en general, pero que se sustrae al pago de los servicios que recibe como todo ciudadano de este país. De la misma manera, la persistencia del costo de la nómina burocrática, el gasto del Gobierno en salarios de primeros y segundos niveles, las elevadas sumas que se otorgan a partidos y sindicatos, el dispendio accesorio al poder, y la mala calidad de muchos servicios y servidores públicos no justifica ni los actuales impuestos, mucho menos su elevación.

 

No es que una drástica reducción de salarios y nómina burocrática aporte significativamente al erario, en los términos que manejan los economistas, pero aporta extraordinariamente en la imagen del Gobierno y estimula a los contribuyentes, máxime si experimentan la mejora en los servicios que pagan.