ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Números rojos

26 de octubre de 2014

¿Cuánto cuesta mantener la paz en un municipio, en un estado, en un país? Esta es una pregunta que muy probablemente muchos candidatos se estén planteando, no en términos de programas sociales, sino de cuotas concretas impuestas por aquellos que tienen el poder real de alterar el orden o conservarlo.

 

Hace algunos años la pregunta era ¿Cuánto cuesta una plaza? Es decir, cuánto se debe pagar a quien tenga el poder de dar permisos para operar un negocio ilícito en un determinado lugar. Se supone que más de algún funcionario público entró en este tipo de negocios desde tiempos remotos, hasta que el poder adquirido por la delincuencia se volvió tan determinante que al final quienes cobraban acabaron pagando.

 

La diversificación ha sido una clave esencial para el éxito de cualquier empresa, y la empresa delincuencial se ha sabido diversificar en los últimos veinte años a tal punto que puede ser vista como una prestadora de servicios múltiples, y no necesariamente como un montón de traficantes vulgares que no salen de su mismo y repetitivo oficio. Lo alarmante sería que aún quienes se dedican a la política desde cualquier partido acudieran a los servicios de estos nuevos giros para boicotear gobiernos establecidos, triunfar en los comicios, amedrentar a la población, arruinar posiciones partidistas, cancelar cacicazgos inveterados o respaldar programas en curso.

 

Por lo que informan los medios sabemos que efectivamente ha habido actores políticos que antes y después de las campañas se han asociado con la delincuencia, y que a fuerza de hacerlo una y otra vez un poco o un mucho por todas partes, han acabado por someterse, ellos y sus sucesores a sus iniciales socios. Ahora es la delincuencia la que impone las cuotas al más puro estilo michoacano, tamaulipeco, o lo que se junte, y aquellos funcionarios nuevos que llegan decididos a romper esta sumisión acaban asesinados, sin que haya poder público alguno que lo impida o luego lo aclare y castigue.

 

La abundante y constante información sobre todo lo que está sucediendo en el país ha creado una percepción social ya no de sospecha sino de abierta desconfianza en las autoridades, un sentimiento de sálvese quien pueda y como pueda, porque en esta nación ya no hay nada a qué atenerse, vecinos, transeúntes, amigos, conocidos y hasta parientes pueden estar involucrados, con mayor razón aquellos que más posibilidades tienen de sacarle provecho a la crisis general de seguridad que vive México.

 

Las interrogantes se multiplican y también se focalizan: ¿qué está pasando en las regiones costeras de Jalisco, en la región valles o en la de la sierra de Amula? ¿Cuántas personas más, ciudadanos o funcionarios públicos, deben ser asesinados para que la universidad pública se paralice y promueva protestas, no sólo por los jóvenes normalistas de Guerrero, o el estudiante de Lagos, sino por la condición general que se vive en México? La sociedad mexicana ahora exige no la desaparición de poderes, sino su inmediata aparición, porque ya son muchos años de vivir en un caos creciente.