ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Poder camionero

5 de agosto de 2012

Entre los pendientes que deja el actual sexenio, heredado de los anteriores, está el problema del transporte público. En este punto, como dijera Emilio Chuayffet, la desesperanza le gana al pesimismo. Sexenios van y sexenios vienen, el transporte público se mantiene en sus fueros, y no ha habido poder alguno que lo sujete y lo discipline.

 

Cuando se inauguró el sistema del Macrobús, por la Calzada Independencia, todo fue bombo y platillos, en ese momento nadie advertía lo que significaría para el eje Alcalde–16 de Septiembre la saturación de camiones que, sacados de la Calzada, ahora eran reubicados sobre este corredor. Todos los días, mañana y tarde, es posible observar desde la Normal hasta el Centro, y del Centro hacia San Francisco (lugar que la nueva sociedad inmigrante ha intitulado “dos templos”),  los trenes enormes que forman los camiones de toda traza y pinta, rebasando en segundo y tercer carril, atorándose en el rebase y arruinando la vialidad, obstaculizando el tráfico de las calles que cruzan, con el fin de que no los detenga el semáforo, subiendo y bajando pasaje donde les pega la gana, o impidiendo que suba o baje porque van de prisa, así esté lloviendo.

 

Esas largas caravanas de transporte público se pueden ver desde luego en otras avenidas y ya casi por todas las calles, porque a los señores empresarios del transporte, al parecer, les han dado permiso de pasar por donde gusten y quieran. Con ese mismo feliz criterio los choferes siguen manejando a su antojo, so pretexto de que son pobres víctimas de la explotación laboral. Los usuarios por su parte no deben sino aceptar el hecho, pagan por el peor de los servicios, en ello arriesgan su integridad física todos los días, deben viajar hacinados a las horas tope, y nunca saben si la suerte que corren es fruto de pactos, acuerdos o arreglos entre los empresarios y las autoridades, a las que igualmente pagan para que defiendan sus derechos frente a éstos o frente a cualquier otro actor social.

 

Como el Gobierno carece de alternativas viables, debe someterse al chantaje manido de todos los años: la amenaza de suspensión del servicio, frente a la cual las autoridades no les han hecho efectiva la suspensión de los permisos y concesiones; invariablemente a las autoridades les ha temblado la mano, pues a lo que parece, los regentes de la vida pública buscan solamente calificar para la siguiente elección, y puesto que defender a la sociedad resulta contraproducente, pues pactan con sus agresores, y digo, a lo que parece, porque no es fácil saber a fondo lo que realmente prolonga los problemas y pospone las soluciones reales una y otra vez, esté el partido que esté.

 

Hoy de nuevo se debate, ya toca, el asunto del Tren Ligero, con mucho una real solución cuyo costo se podría aminorar con un verdadero programa de austeridad en el gasto, pues lo que los ciudadanos pagan vía impuestos de todo y para todo, no es para mantener la nómina burocrática tan crecida como inútil, sino para la construcción de mejores infraestructuras, para la mejora de los servicios públicos, y por supuesto, el pago de funcionarios que sí funcionen.