ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Política terminal

1 de febrero de 2009

Etapa terminal suelen llamar al proceso definitivo de una enfermedad que ya no es reversible y cuyo desenlace será la muerte. En esta etapa el deterioro general del organismo semeja una conspiración que distorsiona los sistemas vitales, provocando una total degradación de la vida.

 

La dimensión política de nuestra sociedad ofrece síntomas claros de haber llegado a una etapa terminal. En el momento en que las instituciones se vuelven incapaces de cumplir con el cometido para el cual fueron creadas, se convierten en células cancerosas cuyo único objetivo es multiplicarse a costa del organismo en el que están incrustadas.

 

Hace 100 años, la farsa democrática mexicana había llegado justamente a su límite; una oligarquía de origen liberal, exitosa durante un buen periodo, debía enfrentar las consecuencias de olvidos acumulados en el orden social, pero también las consecuencias del nacimiento paulatino de una nueva capa social crítica, muy sensible a la postración del pueblo y con bastantes deseos, en principio sinceros, de hacer funcionar la democracia.

 

Igual que hace 100 años, los cambios revolucionarios que se han venido operando en el país desde el año 2000 evidencian la complejidad de nuestro sistema político y su degradada condición, tan debilitada que cualquier movimiento le produce una nueva infección, infecciones desde luego oportunistas expresadas en la infinidad de agentes nocivos que infestan primero los partidos políticos y después la administración pública, acelerando el estado terminal de la política mexicana. Infecciones además recurrentes, pues la comunidad debe enfrentar una y otra vez los mismos agentes, inmunes a sus pasadas gestiones, y resistentes a cualquier tratamiento.

 

Lamentablemente estamos ya en año electoral, y la repetición del espectáculo manido de procesos anteriores nos hace ver una vez más la urgencia de una reforma integral del sistema político mexicano, separándolo hasta donde sea posible de la administración pública, a fin de que la inversión de los recursos de la ciudadanía en los rubros para los cuales se pagan los impuestos, no sufran los vaivenes de la corrupción partidista, particularmente por la irresponsable postura de poner como administradores del bien público a los deudores del partido triunfante, tan constantemente ineptos para desempeñar los cargos que reciben, como voraces a la hora de cobrarse sus servicios.

 

En esta misma línea el Congreso debería integrarse por concurso de competencias y no por cuotas de partido, pues ya pasaron los tiempos en que las curules representaban una determinada propuesta ideológica que debía hacer oír su voz, y en última instancia, buscar equilibrios; que las románticas ideologías de izquierdas y derechas son cosa superada, nos lo han demostrado los señores congresistas, quienes cómodamente transitan de un partido a otro, o sin hacerlo, transigen con quien sea, según el interés del momento.

 

Lo mismo debería ocurrir con las regidurías, que son como el arco iris, en el cual los colores son ilusorios y los intereses en cambio son muy reales; no los intereses de la sociedad, por supuesto, sino los de partido, en el mejor de los casos.