ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Previsiones ignoradas

26 de febrero de 2012

Sabrá Dios cuánto tiempo vaya a cargar el Presidente Calderón con el infundio de que los 60 mil muertos del quinquenio se debe a su combate a la delincuencia, siendo así que la gran mayoría de éstos son el resultado de la guerra entre las bandas delincuenciales y sus métodos para disciplinar empleados, cobrar deudas o posesionarse de plazas.

 

Lo que en cambio sí tiene fundamento es la falta de previsión de su gabinete, una vez que decidieron iniciar este combate. No previeron que lucharían contra toda una idiosincrasia nacional de complicidades históricas, agravada por una nueva cultura del poder, del placer y del dinero, en un escenario social fuertemente presionado por la pobreza y la falta de oportunidades para la educación y el desarrollo.

 

No previeron que el rezago educativo y el costo de las reformas que en este campo se hicieron en el gobierno de López Portillo, se cobraría en las actuales generaciones que ya por tantos años no fueron educadas en los valores cívicos ni éticos, pero sí en la comercialización de la existencia y en su reducción a gastar y divertirse.

 

Tampoco previeron que combatir tan decididamente a la delincuencia produciría un incremento en la población carcelaria del país, de manera que anunciar, a cinco años de iniciado el proceso, la próxima inauguración de nuevas cárceles, es la peor noticia posible pues delata la improvisación por un lado, y por otra, que lejos de combatir a la delincuencia, a quienes han combatido son a los delincuentes, es decir, se atacó el efecto, no la causa.

 

Mucho menos previeron la condición real del sistema de justicia en México que va desde el inicio de los procesos judiciales, hasta la purgación de las penas, lo cual hace pasar por una infinita y tortuosa pasarela de policías, agentes del ministerio público, jueces, actuarios, abogados, custodios, fiscales, etcétera. En lo que mira a los procesos judiciales todo mundo sabe, menos el Gobierno, que se trata del territorio más pantanoso del país, donde la escalada de sobornos comienza desde las secretarias hasta los más altos mandos de juzgados y tribunales, aún en las causas más inocuas.

 

Ignoraron que en México los costosos sistemas carcelarios son absolutamente todo, menos lugares de readaptación social, como pomposamente lo presumen. Las prisiones en efecto son la versión agravada de la inseguridad pública, porque de ahí nadie se escapa, a menos claro, de que sean capos o sus capos los requieran de nuevo en circulación. En un reclusorio todo lo prohibido está permitido, los poderes fácticos son mayores que los formales, corrupción e impunidad son la estructura habitual de comunicación y sobrevivencia. Por lo mismo, antes de decidir edificar más cárceles, lo que urge es reformar el sistema penitenciario, previsión que al parecer tampoco se ha tomado, pues en este país nadie soporta el largo plazo.