ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Tecalitlán

12 de mayo de 2013

Ubicado en el sureste de Jalisco, municipio y cabecera municipal, de conocida fama por la tradición que les atribuye ser una de las cunas lo mismo del mariachi que de sus sones. Tierra de la Provincia de Avalos por muchos años discutida entre la Audiencia de México y la de Guadalajara, hoy es objeto de nuevas discusiones entre los nuevos poderes que asolan esa vasta región.

 

No es asunto reciente. Desde los tiempos de “Arriba y adelante” fue una zona de economía dinámica gracias a las grandes “lavanderías” que la industria del narcotráfico estableció lo mismo en los pueblos que en los campos de aquellos lugares, asunto que desde luego implicaba los municipios colindantes, sobre todo los más arrejolados, como Jilotlán y Pihuamo. Pero esos días felices experimentaron cambios difíciles en los últimos años, cuando el poder del narco prácticamente sucumbió ante el poder invasivo y brutal de los sicarios; se conserva en la memoria el recuerdo de la masacre ocurrida hace tres años en plenas fiestas patronales, cuando un numeroso contingente de feligreses se vio de pronto en medio  de una balacera. Las armas que ahí se mostraron nadie las había visto antes, mucho menos la policía. A la estampida de pánico en que la gente buscaba desesperada casas donde meterse, vino luego la recogida de cadáveres por parte de las propias bandas, en la calle sólo quedaron los muertos del vecindario, acaso los únicos que fueron contados.

 

Detonado el “terror” el territorio cayó en manos de los cárteles michoacanos, estado colindante con Tecalitlán, y en consecuencia la larga lista de secuestros, chantajes, extorsiones, levas obligadas, asesinatos, huida de la gente a Ciudad Guzmán, a Guadalajara, o a donde fuera. El Gobierno se volvió virtual, el estado de derecho una ficción, la fuerza pública una corporación instruida en su deber de mantener la paz y la seguridad exclusivamente entre los vecinos pacíficos, y capacitada para, por lo menos, mantenerse a distancia de las bandas delincuenciales; todavía los retenes los hacen éstas.

 

Quienes pensaron que había que tolerar la producción de enervantes, porque era más rentable para los campesinos y porque finalmente los consume el que gusta y quiere, no advertían que una organización delictiva siempre llama a otra, y que ésta será cada vez peor.

 

Con poca publicidad y tal vez gracias a eso, en meses pasados mucha gente de aquellos rumbos, reventada por la impotencia del Gobierno municipal, estatal y federal, y la prepotencia de los sicarios, decidió hacer uso del derecho constitucional de la legítima defensa, para poner límites a esa escalada de violencia y atropellamiento a sus vidas y a sus bienes, y al parecer de los testigos, las cosas han mejorado ¿habrán aprendido la lección? Pero también: ¿por cuánto tiempo los pueblos seguirán pagando servicios que no reciben, y pagando a su vez para dárselos a sí mismos?