ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Testigos protegidos

5 de mayo de 2013

El programa gubernamental de “testigos protegidos” en parte copiado del existente en el país de los güeros, ha mostrado, en más de algún caso, su enorme capacidad para encarcelar al inocente, liberar al culpable, satisfacer todo tipo de venganzas y provocar resentimientos crónicos.

 

El programa se basa nada menos que en la buena fe del testigo que, por lo general involucrado en el delito, puede aminorar la pena delatando a sus cómplices. Pero también se basa en la todavía más buena fe de la autoridad que ha de creer con total certeza, anotar minuciosamente, y proceder de inmediato contra cuanta persona sea delatada. Que el testigo protegido aproveche el aventón para vengarse de culpables y de inocentes es algo que, al parecer, no fue suficientemente considerado.

 

¿Y en qué radica la “protección”? en condiciones abominables que en la historia humana han generado infinidad de atropellos e injusticias: en primer lugar en el anonimato, que confiere al delator toda suerte de garantías lo mismo para denunciar al que sí está implicado que sobre todo al que no. Le sigue la posibilidad de afirmar sin tener que demostrar, o demostrar orquestando escenarios, sobornando testigos, montando trampas, o hasta haciendo fotomontajes de los que hemos conocido ya tantos, sabedor el delator de que las pruebas que aporte jamás serán mostrados a las personas inculpadas. Y como un ciego está guiando a otro se sigue que ambos se asocien para cometer injusticias.

 

En tiempos de las monarquías absolutas que fueron también los tiempos aciagos de la inquisición, este programa ya existía, innumerables personas fueron entonces acusadas, juzgadas y ejecutadas sin haber jamás sabido el origen de su acusación, ni mucho menos conocer los nombres de los acusadores, ya que éstos o eran “testigos protegidos”, o “cómodamente” anónimos, por lo que ni la Corona ni el “santo” Tribunal sabían quién había sido el delator, interesados como estaban los inquisidores, morbosamente, en perseguir al delincuente, o al antipático, o al oponente o al competidor, con el pretexto que fuera. El aislamiento y la tortura hacían el resto, la misma familia del reo quedaba infamada por tres generaciones, y por supuesto, los bienes del inculpado eran confiscados. Que los monarcas llamaran a eso justicia no sorprende, porque el pretendido y amañado supuesto origen divino de su autoridad todo lo justificaba, pero ¿puede el programa de testigos protegidos del presente ampararse en la legalidad constitucional?

 

En cuanto a la denuncia anónima, sería viable si va seguida de una honesta, profesional y acuciosa averiguación, sin la cual de ninguna manera se podría proceder; pero que un testigo conocido por la autoridad tenga el privilegio de acusar sin ser careado con su acusado es inadmisible, significa una regresión jurídica de 200 años, y un atropello contra la dignidad humana avalado por la propia autoridad.

 

Por supuesto, a ninguna institución, ni pública ni privada, secular o religiosa, se le debe permitir el ejercicio de esta forma criminal de “justicia”, pues sería tanto como admitir que dentro de un estado de derecho puedan existir otros “poderes” que pisotean el derecho y por ese ilegal camino destruyan las vidas y los bienes de sus víctimas. ¿Y qué hacer con los falsos testigos?, bueno, 800 años antes de Moisés, el código de Hamurabi ya penaba el falso testimonio con la misma pena que hubiese recibido el falsamente acusado, en México andamos algo retrasados.