ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Un comisionado para Jalisco

10 de mayo de 2015

El 16 de enero de 2014 la Secretaría de Gobierno nombró un comisionado para el Estado de Michoacán. La razón era evidente: el Gobierno de esa Entidad estaba en franca descomposición. En el Congreso Federal hubo diputados que exigían la desaparición de poderes, mientras los periodistas exigían que los poderes finalmente aparecieran. La crisis michoacana era profunda, amplia, bien arraigada y devastadora, pero sobre todo, la gente, la población civil había comenzado a levantarse en armas bajo el ejemplo de Cherán, y lo estaba haciendo con éxito, mostrando su capacidad para hacer lo mismo que hacía la delincuencia, sustituir al gobierno.

 

Ninguno de los estados de la República con crisis de seguridad, llegó a ese extremo de la noche a la mañana, vivimos las consecuencias de muchos años de complicidad e incapacidad, y desde luego, el efecto de la innovación que ha transformado sustancialmente la empresa delincuencial. Esta innovación se observa en las estructuras de organización, en el estilo y forma de los liderazgos, en el modo de ejercer el dominio territorial, en las redes nacionales e internacionales, en la derrama económica que generan, en la estrategia de expansión y consolidación, en la sorprendente movilidad, la sofisticación tecnológica, el nivel de herramientas que manejan, estamos hablando de un posicionamiento de primer nivel.

 

En contraste tenemos a las fuerzas de seguridad, atravesadas y debilitadas por la lepra de la política mexicana, por los acuerdos colaterales, las preocupaciones electoreras, los tiempos de campaña, los protegidos y los recomendados. Fuerzas que parecen más bien debilidades por su poca preparación, retraso tecnológico, burocratismo incurable, bajos salarios, carencia de ética, colusión permanente con los delincuentes en más de un caso, precario sistema de inteligencia, y constante desmoralización por la corrupción de los jueces que sueltan a los delincuentes que tanto trabajo les da atrapar. Para vitaminarlos sacan al ejército a las calles, mostrando así el alto grado de impotencia que padecen las instituciones civiles.

 

Cuando se nombró al comisionado de Michoacán, muchos agoreros del fin del mundo pronosticaron la próxima caída del gobernador, otros dijeron que un comisionado era una especie de super gobernador o de mini presidente, una intromisión del poder federal por encima de la soberanía estatal; los de veras mal pensados llegaron a insinuar que el agravamiento de la crisis michoacana tenía causas situadas muy arriba, no otra cosa que un recurso, sin duda, criminal, para meter en cintura a un gobierno rebelde, que quería hacer las cosas a su modo, también en lo que mira a la toma de acuerdos con la propia delincuencia. Tal vez las cosas eran más simples, lo cierto es que la situación de Michoacán ha dejado los escenarios televisivos, sin que eso signifique que se haya resuelto.

 

Por lo pronto quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos, la gente de Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, y tantos otros estados que como Jalisco tienen años de estar asolados por la delincuencia, mirando absortos las escenografías cinematográficas que montan las autoridades para tomar acuerdos, pero que se esfuman a la hora de aplicarlos.