ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

¿Y la legítima defensa?

7 de abril de 2013

Quienes habitan en ese sinnúmero de pequeños poblados de la geografía nacional, advierten hoy más que nunca lo que significa la exposición y el desamparo. Sus pueblos carecen de murallas, barreras o cercos protectores, en aquellos que son delegaciones o rancherías, ni siquiera hay policía. En las pequeñas y medianas cabeceras municipales, de haberla, es improvisada, actúa de buena voluntad, carece de armamento, de formación, de estrategias y capacitación continua, porque tampoco suele haber recursos.

 

La gente de campo, aparte de una postergación cada vez mayor, es gente de trabajo, generosa, abierta, acostumbrada a la confianza, y a valores positivos que incluso acaban haciéndola más vulnerable. De pronto se han visto sitiados e invadidos por poderosas bandas criminales que traen consigo gentes reclutadas de todas partes y dispuestas a lo que sea, para seguir construyendo la industria de la delincuencia como una fuente de recursos constantes y seguros.

 

El camino habitual es la tributación, ese impuesto con el cual se asegura una relativa protección y sin el cual se corre el riesgo real de ser agredidos en sus personas y en sus bienes. Si en las ciudades que han caído bajo el yugo de la mafia la contribución puede ser onerosa, a tenor de la ganancia presupuesta, en el medio rural, con menos recursos, con mayor inestabilidad económica, este chantaje es todavía peor. Sin duda habrá negocios turbios que requieren de protecciones turbias, pero en la mayoría de los casos, sean urbanos que rurales, se trata de personas que trabajan con esfuerzo y sacrificio, todos los días, para poder progresar o por lo menos sobrevivir, y de pronto, en medio de sus diarias fatigas se encuentran con que encima deban mantener a estos ejércitos de parásitos asesinos.

 

No obstante todo mundo sigue pagando por lo menos el IVA, el predial y muchos el ISR, para que por otros medios esos recursos sean igualmente robados por los delincuentes de dentro, como se ha visto en Jalisco, y así la hacienda pública se dilapide todos los días sin beneficio para la comunidad.

 

Pese a los alardes, a las caravanas del ejército, a los rondines policiacos, y a los mil discursos y programas como “Juárez somos todos”, “Guerrero seguro”, “Jalisco se cuece aparte” y cosas por el estilo, el estado en sus tres niveles nomás no ha podido restablecer la seguridad y la paz, ni en el medio rural ni en el urbano.

 

El resultado es que muchos pueblos se han prácticamente levantado en armas, que los mismos cárteles han aprovechado esta situación para confundirse y mezclarse entre esa misma gente indignada, que el gobierno se ha alarmado porque en términos legales, y desde luego, teóricos, se está fracturando el estado de derecho, si es que alguna vez lo ha habido en este país, y mientras los legisladores discuten y los gobernantes declaran sobre si la gente debe o no debe defenderse por su cuenta, son las comunidades las que sufren las consecuencias. Las autoridades en cambio blindan sus poderosos vehículos, gastan una fortuna en guardias personales, tienen vigilantes apostados en sus residencias, y gozan de todo tipo de seguridades, pero en lo que mira a la seguridad de la ciudadanía, ni hacen ni dejan hacer, como si de pronto el principio constitucional de la “legítima defensa” hubiese desaparecido de nuestra carta magna.